La ley 54/1997, de liberalización del mercado eléctrico, también hizo este principio compatible con la obtención de otros objetivos como la mejora de la eficiencia energética, la reducción del consumo y la protección del medio ambiente, todos ellos vitales para cumplir los compromisos españoles de reducción de gases de efecto invernadero. El Real Decreto 2818/1998 estableció un marco legal especial que incluye el tratamiento favorable de sistemas energéticos que contribuyen más eficientemente a esos objetivos. Este decreto estableció primas específicas para la electricidad de diferentes fuentes renovables, todas ellas (excepto la solar fotovoltaica) de hasta el 90% del precio eléctrico medio.
En 2000 otra ley nacional permitió pagar una prima superior al 90% del precio eléctrico medio para las centrales termosolares. Esta prima es ahora mismo de 12 céntimos/kWh. En 2004 se aprobó el RD 436/2004 en el que se aumentaba la prima a esta tecnología y además se le permitía usar hasta un 12% de gas para mantener la temperatura del acumulador de calor vendiendo la electricidad en tarifa regulada con determinadas condiciones, o hasta un 15% si se vende la energía libremente en el mercado.
Este y otros incentivos paralelos para otras fuentes de energía renovable han sido establecidos para permitirles contribuir a un objetivo mínimo del 12% de la demanda española de fuentes de energías renovables en 2010.
En el «Plan para la Promoción de Energías Renovables en España«, aprobado por el Consejo de Ministros en diciembre de 1999 se planea la instalación de 200 MW de centrales termosolares para 2010.
SMI Energías Renovables 